Informe:



     
El Proceso de la Privatización del Sector de la Energía Eléctrica en la Argentina. De la Privatización a la Consolidación de la Reforma

Lic. Viviana Cifarelli
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires, 2000

El proceso general de privatizaciones

El proceso general de privatizaciones se inicia en el año 1989 alcanzando tanto a las empresas productivas y de servicios, los activos públicos como las reservas de petróleo, hasta actividades de regulación y de control social como la emisión de los documentos de identidad.

Todo el proceso estuvo dirigido técnica y financieramente por los organismos financieros internacionales como parte de una política global para la región. El FMI, el BID y el Banco Mundial delinearon la reestructuración y reforma de todos los sectores teniendo como premisa el beneficio para los acreedores externos para quienes se les abrían nuevas áreas de inversión en mercados abastecidos hasta el momento por el Estado.

Asimismo bajo el mecanismo de capitalización de la deuda externa, los acreedores también se vieron beneficiados en el cobro de parte del capital de la deuda.

El contexto de crisis general dejó el espacio abierto para la aceptación por parte de la población de todo este proceso:

  • La hiperinflación generada durante los años previos que afectó sustancialmente la economía de las familias trabajadoras, instaló la necesidad de estabilidad. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y del déficit fiscal.
  • Se planteó que con la privatización de las empresas públicas, el déficit fiscal se reduciría a través del mecanismo de capitalización de la deuda externa. Además se argumentó que el hecho de cancelar parte de la deuda era una señal positiva para los gobiernos de los países desarrollados y se atraerían inversiones externas y locales, lo que acarrearía mayor crecimiento económico y bienestar para la población. Hoy la deuda externa es mas del doble, alcanzando los 160.000 millones de U$S , el déficit fiscal siguió creciendo y la desocupación gira alrededor del 17%.
  • En la misma línea, se argumentó que el Estado no tenía capacidad para encarar la transformación tecnológica necesaria para brindar mejor calidad de los servicios, por lo que la inversión privada aseguraría la modernización necesaria de los servicios y una baja en las tarifas.
  • Por último se identificó al Estado como incapaz para administrar eficientemente las empresas ya que fomentaba la burocracia y la corrupción.

Todas estas cuestiones tenían consecuencias reales sobre la población: la crisis económica, la hiperinflación, la corrupción, la mala calidad de los servicios afectaban concretamente la vida cotidiana. Pero todo el proceso fue diseñado bajo las premisas de las necesidades de los acreedores externos de abrir nuevas áreas de inversión, de apoderarse de mercados cautivos y garantizarse amplios niveles de ganancias.

Se aprobaron dos leyes en el Congreso que allanaron el camino:

    1. La primera fue la de Reforma del Estado que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas concentrando todo el poder de decisión en el Ejecutivo Nacional.
    2. La segunda fue la Ley de Emergencia Económica que centralmente derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional.

Estas dos leyes y el previo desmantelamiento de las empresas públicas permitieron no solo la venta de las empresas a menor costo sino también, dada la magnitud de los requisitos para los oferentes, se entregó el patrimonio nacional a los grandes grupos económicos extranjeros y nacionales.

Los tres sectores prioritarios para la privatización fueron Energía, Comunicaciones y Transporte.

Consecuencias generales de las privatizaciones

Como resultado de las privatizaciones en general podemos visualizar cuatro consecuencias:

    1. Sobre la propiedad : Sectores estratégicos de la economía pasan de ser propiedad del Estado a manos privadas. Este pasaje acarreó enormes cambios estructurales en la propiedad, habiendo concentrado y consolidado la presencia de los grandes grupos económicos, fomentando la asociación entre los grandes grupos económicos locales y los capitales extranjeros.
    2. La segunda consecuencia de las privatizaciones es la desnacionalización por medio de la cual las empresas hasta entonces del Estado Argentino pasan a manos en muchos casos de empresas estatales de otros países como es el caso de España o Francia.
    3. La tercer consecuencia es la desregulación que queda abierta a partir de la introducción del concepto de competencia en los servicios públicos. La desregulación habilita la competencia entre las empresas fomentando una carrera hacia la disminución de costos que amenaza no solo la calidad del servicio sino además la seguridad de los trabajadores y de la población.
    4. Por último la reconversión de las empresas con implicancias directas sobre los trabajadores como la pérdida de todos los derechos de los empleados públicos, centralmente la pérdida de la estabilidad en el cargo y la significativa reducción de los planteles por vía de los retiros "voluntarios". Asimismo este mecanismo permitió a las empresas sustituir al personal con mas antigüedad en los cargos por personal nuevo sin experiencia sindical y política. Además se aumentó la carga horaria y los ritmos de trabajo, se aplicaron nuevos contratos flexibles y un fuerte proceso de tercerización de sectores de la producción anteriormente integrados a la empresa, provocando una fuerte fragmentación y precarización del colectivo de trabajo. Por último se firmaron nuevos convenios colectivos que destruyeron las viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo. De este modo se vieron afectadas las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

Las particularidades de la privatización del Sector Eléctrico

Antes de la reforma del sistema eléctrico, el país contaba con 4 empresas nacionales y dos hidroeléctricas binacionales que garantizaban el 84% de la generación de energía del país y que eran propietarias del 100% del transporte. Además existían dos empresas distribuidoras nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, 21 empresas provinciales que abastecían al 34% del consumo dentro de los territorios provinciales y alrededor de 600 cooperativas privadas que prestaban servicio al 11% restante en áreas municipales.

Al momento de la reforma las empresas enfrentaban grandes dificultades económicas y financieras causadas por el vaciamiento propiciado por el gobierno al desviar los fondos propios de las empresas para cubrir gastos del presupuesto nacional. Asimismo había, por razones políticas muy fuertes, un retraso en las tarifas. Esta situación llevó inevitablemente a la falta de inversión y de mantenimiento de los sistemas provocando el deterioro de la calidad del servicio: Cortes de suministro permanentes, fundamentalmente en las épocas de verano, que se tornaron motivo de malestar para el conjunto de la población, aunque ninguno de ellos llegó a las dimensiones del apagón de 14 días en el mes de febrero de 1999..

En este contexto se inicia la reforma y reestructuración del sector aprovechando estas dificultades para dejar en manos de los oferentes la fijación de precios de las empresas, absorbiendo el gobierno las deudas de las mismas. En muchos de los casos lo obtenido por la privatización no llegó a cubrir el valor de las deudas absorbidas. Por ejemplo, por la empresa de distribución de Buenos Aires, (SEGBA), el gobierno cobró U$S 1294 millones y absorbió deudas por U$S 1480 millones.

La reforma se centró fundamentalmente en dos cuestiones:

  1. La fragmentación del proceso dividiéndolo en Generación, Transporte y Distribución,
  2. La atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas.

De esta manera se eliminaron los monopolios públicos y se los sustituyó por monopolios privados, dejando a cargo de diferentes operadores cada una de las partes del proceso. Esto permitió vender por separado las centrales térmicas, las hidroeléctricas, la líneas de alta tensión como unidades independientes y las líneas de menor tensión agrupadas en unidades regionales. Por otra parte las distribuidoras fueron también fragmentadas regionalmente.

Los decretos reglamentarios de la reforma apuntaban centralmente a la desintegración y prohibición de la coincidencia de propietarios en mas de uno de los procesos. Esto en la práctica se vio deformado ya que en muchos casos existe coincidencia entre los propietarios en las distintas áreas. Se manifiesta así una estrategia integral de los grupos económicos de no quedar por fuera de los que significa el negocio energético globalmente, participando no sólo de todas las fases del proceso de la energía eléctrica, sino también de la industria del gas o del petróleo, insumos básicos para la generación de electricidad.

El caso mas ejemplificador es de el grupo español Endesa que en 1999 luego del corte de suministro de energía en la Ciudad de Buenos Aires (que se prolongó durante 14 días), el grupo se quedó con el control de su homónima chilena Endesa y del grupo Enersis con lo que logró acceder al 65,6% de Edesur (distribuidora de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires), cuando ya contaba con el 37% de Edenor (distribuidora de la zona norte) y pasó a controlar las mayorías accionarias de las Centrales de generación térmica Costanera, Dock Sud y Termoeléctrica Buenos Aires. Asimismo controla minoritariamente la Central Hidroeléctrica El Chocón (Neuquén) y la transportista Yacylec de las Provincias de Corrientes y Chaco.

Para el caso particular de su participación en las distribuidoras, hace mas de un año se abrió un largo proceso de investigación antimonopólica y recientemente se resolvió que la empresa deberá desprenderse de su participación accionaria en alguna de las dos.

En caso de que Endesa cediera sus acciones de Edenor, la mayor interesada en adquirirlas es Electricité de Francia que actualmente cuenta con un 36% de las acciones. En caso de concretarse pasaría a contar con el 90% de la empresa, ya que el 10 % restante pertenece a los empleados por los programas de Propiedad Participada. En cuanto a Electricité de Francia, también cuenta con participación en otros sectores del sistema, participa de la transportista Districuyo de las provincias de Mendoza y San Juan y tiene participación mayoritaria en la Hidroeléctrica Diamante que reúne tres centrales hidroeléctricas en la Provincia de Mendoza.

A ocho años de la privatización, podemos afirmar que en franca contradicción con los propósitos declarados del marco regulatorio, el supuesto intento de evitar el monopolio y generar mayor competencia, derivó en una integración del negocio global de la energía para las multinacionales.

La etapa de profundización y consolidación. A 8 años de la reforma

Puntualmente, los organismos internacionales plantean para esta etapa de consolidación y profundización de la reforma que existen cinco problemas por encarar:

  1. "La consolidación de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas durante la primera mitad de esta década...
  2. El desarrollo de patrones de producción y uso de energía eficientes y compatibles con el medio ambiente.
  3. La extensión de las opciones modernas de energía en términos accesibles a todos los habitantes.
  4. La atracción de los capitales extranjeros y nacionales necesarios para el financiamiento del sector.
  5. La integración de los mercados energéticos de la región como elemento clave en sus procesos de integración económica."

Lejos de la aparente preocupación por la accesibilidad al servicio de todos los habitantes y lejos también de la preocupación por la preservación del medio ambiente, en esencia se delinean los caminos hacia la búsqueda de nuevas áreas de inversión y nuevos mercados para el sector.

Argentina se encuentra en esta segunda etapa de reformas. En un documento interno del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), puede leerse que: "Aún pioneros como Chile y Argentina han encontrado oportuno revisar sus sistemas para impulsar una segunda generación de reformas que incorpore elementos no considerados en forma adecuada inicialmente y que son claves para garantizar la sostenibilidad social, ambiental y para extender la competencia en el suministro de energía a los medianos y pequeños consumidores".

En esta dirección, existen dos grandes proyectos en el país:

El primero es el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, que está orientado a desarrollar mercados eléctricos en áreas dispersas donde no hay acceso a las redes eléctricas convencionales usando energía solar, co-financiado por la Nación, los estados provinciales, el Banco Mundial, los usuarios y concesionarios privados. Este proyecto ya ha sido implementado en dos provincias del norte del país Salta y Jujuy.

El segundo gran proyecto es el Plan Federal de Transporte Eléctrico Federal cuyo propósito es integrar el esquema de extra alta tensión (500 KV) desde el norte hasta el sur del país a través del mallado de las líneas de todas las regiones, lo que asegurará a las generadoras no tener problemas en el transporte hacia cualquier región del país. Este proyecto estaría financiado en parte por el Estado y en parte por la actividad privada, quienes en última instancia serán los beneficiarios del negocio.

Una de las cinco líneas programadas, Comahue - Cuyo permitirá encarar en un futuro la interconexión con Chile, lo que constituye el comienzo de la integración regional.

Nuevas áreas de inversión y ampliación del negocio energético, nada se aleja de los lineamientos de los organismos internacionales.

Por otra parte, y en el marco de la consolidación de las reformas, el Banco Mundial y los Gobiernos Provinciales están en la recta final por definir los pliegos de concesión de las dos empresas provinciales de energía que aún quedan sin privatizar en el país, la empresa EPEC de Córdoba y la empresa EPE de Santa Fé y definir cuál será la consultora financiera legal y técnica para coordinar la privatización y elaborar la propuesta de cuadro tarifario con el único propósito de garantizar la rentabilidad a las empresas que resulten adjudicatarias.

Para el caso de EPEC, la empresa provincial de Córdoba se evalúa realizar la concesión por 35 años.

Consecuencias de la privatización sobre los trabajadores del Sector

Las consecuencias de la privatización para los trabajadores del sector, no escapan a las generales de todas las empresas privatizadas.

Si tenemos en cuenta que las adjudicatarias comprenden en su amplia mayoría a multinacionales, modernas en sus concepciones de organización del trabajo y en tecnología, podemos encontrar estrategias casi idénticas en todas ellas basadas en una fuerte agresión a los derechos de los trabajadores:

  1. Despidos masivos y sustitución de personal: Las empresas encaran una fuerte reducción de las plantillas de personal, alcanzando en las distribuidoras un 30%, en las centrales térmicas un 45% y en las áreas de transporte una cifra de alrededor del 25%. En todos los casos el mecanismo de despido encubierto es el de inducir al Retiro "Voluntario" para lo que las empresas destinan enormes sumas de dinero. Los trabajadores son convocados por las gerencias de Recursos Humanos desde donde se les ofrece una suma de dinero a cambio de su solicitud de retiro de la empresa y en aquellos casos en que no es aceptado, la empresa emprende estrategias de persecusión o discriminación para inducir a su aceptación. Se realizan traslados, o se imponen tareas completamente distintas a las habituales y para los cuales en muchos casos los trabajadores no tienen habilidad desarrollada, o en casos mas extremos son puestos a disponibilidad sin tarea asignada lo que provoca un gran desgaste psicológico que inevitablemente conduce a la aceptación del retiro. Complementando la fuerte reducción de plantillas, los despidos del personal con mas antigüedad en la empresa tiene fuertes consecuencias para el colectivo de trabajo. Por una parte la empresa se desliga de esta forma del personal con mas antigüedad y por ende con mayor experiencia sindical y política, por otra parte sustituye a ese personal por nuevos trabajadores sin experiencia sindical, sin historia dentro de la empresa y con contratos mucho mas flexibles. De este modo, el colectivo de trabajo queda completamente fragmentado, con trabajadores dentro de convenio, trabajadores fuera de convenio, trabajadores contratados con distintas modalidades, viejos trabajadores que conocen la historia de la empresa y los derechos que perdieron, y nuevos trabajadores que desconocen todo eso. La combinación de despidos masivos y sustitución de personal tiene como objetivo la fragmentación y el debilitamiento de la unidad de los trabajadores.
  2. Tercerización: Amplias áreas de la producción son tercerizadas, quedando fuera de la empresa obras importantes, de esta manera se reducen costos laborales. Generalmente los trabajadores de las empresas subcontratadas soportan condiciones de trabajo más precarias y tienen menores salarios. La tercerización también contribuye a la fragmentación del conjunto de los trabajadores y al debilitamiento de la unidad.
  3. Mayor carga de trabajo y aumento de los accidentes de trabajo: En la mayoría de las empresas se aumentó la carga de trabajo y los ritmos de producción ya sea a través de la incorporación de nueva tecnología o bien sólo imponiendo otras pautas de producción. El aumento de los ritmos y la carga de trabajo condujo a una mayor cantidad de accidentes en la actividad. La competencia impulsa la reducción de costos y los trabajadores son la variable para conseguirlo.
  4. Convenios Colectivos de Trabajo por empresa: Ya se han firmado convenios colectivos por empresa en la mayor parte de las empresas. Todos ellos avanzan en condiciones mas flexibles de trabajo: - Flexibilidad horaria que establece 41,5 horas semanales de trabajo en turnos rotativos, lo que por un lado elimina el pago de horas extras abaratando costos para la empresa y por otra parte atenta contra la organización del tiempo libre del trabajador; - Flexibilidad de tareas ya que, por ejemplo en el caso de dos distribuidoras se aceptó la polivalencia, pasando de 12 categorías dentro del convenio anterior a sólo 6; - Flexibilidad salarial: se fijó un salario básico de entre 500 y 780 U$S y se establecieron adicionales por productividad que serán evaluadas de acuerdo al rendimiento de la empresa, del sector y del trabajador. Se bonifica el trabajo nocturno con un 15% mas, y por último se avanza en la Flexibilidad contractual al establecer por convenio un período de prueba para los trabajadores que ingresan de hasta 6 meses sin aportes jubilatorios y sin derecho a indemnización en caso de despido y además se habilita a la empresa a contratar hasta un 20% de su plantilla de personal con contratos de tres meses renovables hasta dos años.
  5. Programas de Propiedad Participada: Estos programas fueron implementados al momento de realizarse la privatización y contemplaban un porcentaje de acciones destinadas a los trabajadores de las empresas. En el caso de las distribuidoras comprendió el 10% de las acciones y en el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas alcanzaron al 2%. Estos programas constituyen una doble trampa para el colectivo de trabajo, por un lado al momento de la privatización fue una barrera de contención a las protestas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la medida en que los trabajadores pasaron a la categoría de adquirentes con derecho a los beneficios de la empresa, y por otro lado, el hecho de considerarse propietarios de acciones conlleva a confundir la situación de asalariados e induce a una actitud de mayor colaboración con los objetivos de la empresa, con lo cual los trabajadores que cotidianamente enfrentan las arbitrariedades de la patronal, terminan envueltos en la lógica empresarial de competencia que en todos los casos va en propio detrimento de las condiciones de trabajo.
  6. La Federación Sindical pro patronal: La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de la CGT (Central General de Trabajadores), que históricamente nucleaba a todos los sindicatos de la electricidad, mantuvo y sigue manteniendo un comportamiento colaboracionista con el proceso de privatización del sector, no solo no realizó ningún tipo de acción concreta contra la privatización sino que además tuvo una participación activa llegando a convertirse en adjudicatario de tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y del transporte del Noroeste y Noreste del país. En algunos casos la adquisición la realizó a través de capitalizar las deudas sindicales que el Estado mantenía con ellas.
  7. Las experiencias de resistencia: Los Sindicatos de Luz y Fuerza de Mar del Plata y de Córdoba: Mas allá de la actitud de colaboración de la Federación, existió una fuerte resistencia por parte de algunos sindicatos seccionales. El caso de Mar del Plata, que ha encarado una importante lucha en contra de la privatización en doble dirección, por una lado hacia la empresa y por otro hacia la Federación nacional. En cuanto a la lucha contra la privatización, si bien no logró frenarla, resistió el despido de los dirigentes sindicales y alcanzó mejores condiciones de trabajo. Por otra parte, se desprendió de la Federación tradicional creando una nueva Federación de Trabajadores de la Energía dentro de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Por su parte la acción del Sindicato de Luz y Fuerza de la Provincia de Córdoba, aún hoy está enfrentando el proceso de privatización de la empresa provincial. La trayectoria del sindicato, al frente de todas las luchas de la provincia, y particularmente de la lucha en contra de la privatización de la empresa, condujo a que hasta la fecha la empresa no haya sido privatizada. Hoy se esta transitando la recta final ya que recientemente fue sancionada la ley que permite la privatización de la empresa, se están evaluando conjuntamente con el Banco Mundial quién será la consultora encargada de realizar el control financiero, legal y técnico de la adjudicación y que diagramará el esquema tarifario para la provincia. Los trabajadores de la empresa están en pleno conflicto y es importante denunciar en este ámbito que existe un rumor de que la Federación Nacional podría avalar la creación de un nuevo sindicato dispuesto a contemplar las necesidades de los inversores. La preocupación del gobierno es no llegar al momento de la adjudicación con un gremio combativo que viene resistiendo incesantemente la privatización y luchando por los derechos laborales.

Consecuencias de la privatización para la comunidad

A ocho años de la reforma y privatización del sector, reconocemos cuatro grandes problemas que afectan directamente a la comunidad:

  1. El acceso al servicio: El desplazamiento del Estado como productor y la entrada de las empresas privadas, sumado a la fragmentación del proceso que dio lugar a una redefinición del concepto de servicio público, (dentro del cual sólo se contempla la distribución y el transporte quedando la generación como un servicio de interés general), coloca el suministro de energía eléctrica en el lugar de un mero producto mas del mercado, al cual sólo se tiene acceso si se paga, En este nuevo contexto y como primera medida, al inicio de la privatización fueron eliminados todos los enganches a la red en villas de emergencia o barrios con recursos escasos. El acceso queda restringido sólo si hay posibilidad de pagarlo. Por otra parte, siendo mercados cautivos, no existe posibilidad de elección para los usuarios residenciales.
  2. Tarifas: Durante los primeros años de la privatización, se produjeron significativos aumentos de tarifas para los usuarios residenciales y rebajas para los grandes usuarios en cuanto les estaba permitido comprar directamente al mercado mayorista. Las variaciones del precio de las distribuidoras se modifican trimestralmente con cada reprogramación estacional (febrero, mayo, agosto y noviembre) en función de las proyecciones de la oferta y la demanda y de los valores del mercado mayorista y además existen dos actualizaciones anuales según las variaciones de precios mayoristas de los Estados Unidos prevista en el contrato de concesión y sobre lo cual actualmente existe una discusión que abarca a todos los servicios públicos, pero existe estricta negativa de las empresas para no modificar este punto. Para esta temporada está prevista una rebaja de las tarifas para los usuarios residenciales y para los grandes usuarios, que por supuesto es significativamente mayor para estos últimos. La rebaja de alrededor del 5% para los usuarios residenciales se basa en una rebaja de entre un 15 y un 17% para las distribuidoras, lo que evidencia la multiplicación de ganancias y el menor beneficio para los usuarios. De cualquier manera este tipo de rebajas estacionales, rápidamente se diluyen por la estructura de tarifas y las distintas fuentes de recomposición tarifaria (reprogramación estacional, precios mayoristas e índice de precios mayorista de los EEUU).
  3. Calidad de servicio: En los contratos de concesión no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, sólo se les exigía la prestación de un servicio de calidad. Si a esto le sumamos que la competencia introduce una carrera inusitada por la reducción de costos y la ambición de ampliar la rentabilidad de las empresas como es el caso de las distribuidoras que cuentan con mercados cautivos, no existe mejora en la calidad del servicio, el cual en muchos casos se ha visto deteriorado. Muy lejos de cuidar la calidad del servicio, los informes de las causas del apagón de 11 días de febrero de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires, es un claro ejemplo de cuáles son las preocupaciones reales de las empresas. El incendio se produce en una subestación transformadora en un empalme de alta tensión. Los trabajos de empalme se realizaron dentro del túnel, pero de acuerdo a las normas establecidas por la antigua empresa estatal, ese tipo de trabajos debería realizarse por fuera del túnel, lo que hubiera incrementado el costo de la obra en 1.000.000 de dólares. La empresa informó que había desestimado ese riesgo. Tampoco se realizaron las pruebas de los cables a empalmar con el nivel de tensión especificados en las reglamentaciones obligatorias. No existían elementos de prevención de incendios dentro del túnel, no había arena ni extinguidores y no funcionó el sistema de detección de fuego o humo. No existía personal de supervisión de la reciente instalación, no mantuvo en funcionamiento la subestación anterior hasta asegurarse del funcionamiento de la nueva y demoró la solución porque decidió realizar la conexión en el mismo lugar del siniestro. Lejos de mejorar de la calidad del servicio, la lógica de mayores y mas rápidas ganancias que promueve el sistema, atenta contra ella cuando se combinan: un intenso proceso de tercerización, la reducción de personal y el desmantelamiento de los planteles profesionales estables y experimentados y la falta de inversión en los sistemas de seguridad y ahorro en los costos de diseño y planificación de obras.
  4. Seguridad: También y como consecuencia de la misma lógica se ve afectada la seguridad de la población. Existen varias muertes de transeúntes por incumplimiento de normas de seguridad en las obras callejeras y actualmente se están investigando las consecuencias sobre la salud de la población en la zona norte de Buenos Aires, donde se han producido varias muertes por cáncer de cerebro a raíz de la instalación de transformadores por parte de la empresa distribuidora Edenor.