“El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT rechaza opiniones referidas a la situación de los civiles y militares presos por delitos cometidos en la dictadura cívico-militar. No aceptamos el hecho de que no debe haber ‘viejos presos’ y por lo tanto argumentar a favor del arresto domiciliario para esos casos.

Como central sindical hemos luchado denodadamente por la recuperación de la memoria histórica, por la defensa de los Derechos Humanos vulnerados durante ese período tan nefasto para nuestro país, y por eso hemos reclamado sistemáticamente Verdad y Justicia. Por eso no aceptamos que se planteen este tipo de soluciones, pues esos ancianos de hoy no son delincuentes comunes. Son responsables de crímenes de lesa humanidad que actuaron amparados en el terrorismo de Estado.

Debemos recordar que para los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, esos delitos son imprescriptibles, inamnistiables, y como en el caso de la desaparición forzada, son delitos permanentes. Uruguay ha ratificado los tratados y los pactos internacionales, por lo tanto está obligado a cumplir con los mandatos que los mismos imponen. Estas declaraciones están en contra de lo que ocurre en el escenario jurídico nacional e internacional.

En lo nacional, la Suprema Corte de Justicia continúa en el estudio de las causas presentadas e irán dándose más pronunciamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

A nivel internacional, se produjo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que frente al recurso presentado en el caso Gelman, ha observado al gobierno uruguayo. Este deberá presentarse y responder. El camino que tiene el gobierno es ‘allanarse’, o sea declararse culpable.

Todo indica que la nefasta Ley 15.848, es decir la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como Ley de Impunidad, tiene los días contados.

El PIT-CNT manifiesta su firme voluntad de seguir la lucha contra la impunidad en todos sus términos porque entendemos que esta aberración jurídica debe ser desterrada del ordenamiento jurídico nacional ya que constituye un oprobio y una vergüenza para nuestro pueblo en su conjunto.

Reafirmamos nuestro compromiso de agotar todas las vías necesarias para que de una vez por todas haya VERDAD y JUSTICIA, único camino para que efectivamente el NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO, sea una realidad”.

Tomado de La República.